Por Sebastián Haro
Economía & Mercado - El País - Noviembre 2003
Ante la
necesidad de salvaguardar sus bienes y la imposibilidad de desembolsar
grandes recursos, una cantidad creciente de particulares y empresas,
cuyas cifras se desconocen aunque se estima que son considerables,
se ha volcado en estos últimos años a la contratación
de compañías de seguridad privada que ofrecen
sus servicios a precios muy bajos, debido a que no cuentan con
la necesaria habilitación y no aportan a la seguridad
social ni pagan impuestos.
Si bien
la crisis aumentó la sensación de inseguridad
en la población, lo cual se refleja en una mayor demanda
de estos servicios, también agravó el problema
de la informalidad en el sector, porque el mercado empezó
a tener una necesidad muy fuerte de comprar barato; y estos
servicios verdaderamente lo son. Se trata de empresas con una
plantilla no mayor a veinte o treinta funcionarios, cuyos servicios
consisten principalmente en la provisión de guardias
y, en menor medida, en la instalación de sistemas electrónicos.
"Esta
época de recesión ha alimentado el fenómeno
de la informalidad, que progresivamente ha dañado al
rubro seguridad privada, dejándolo muy golpeado",
explica Susana Ferrara, presidenta de la Cámara Uruguaya
de Empresas de Seguridad (Cues), que desde 1986 nuclea a las
compañías dedicadas al transporte de valores y
a la denominada "seguridad hombre" o servicios de
guardias. "Hay quienes pueden pensar que este es un sector
emergente al que le debe de ir maravillosamente bien. En realidad,
no es así; no porque no haya mercado, sino porque el
que hay está absolutamente pervertido", agrega Ferrara.
Con servicios
"desastrosos", pero muy baratos, estas empresas informales
compiten con desleal ventaja, puesto que las firmas autorizadas
—que suman 186— tienen una estructura de costos
que son incluso superiores a la cotización de los servicios
informales y, por tanto, absolutamente imposibles de alcanzar.
Mientras que las no autorizadas ofrecen, por ejemplo, guardias
de seguridad a 20-25 pesos la hora, los precios reales de plaza
se encuentran en el entorno de los 35-38 pesos, "aunque
puedo asegurar que esas tarifas igualmente dejan unos márgenes
muy pequeños de ganancia. En los hechos deberíamos
estar cobrando el doble, pero subirlas es imposible porque estaríamos
fuera del mercado", explica la presidenta de la Cues.
La informalidad
en el área de la seguridad privada no es un fenómeno
nuevo. Al contrario, durante mucho tiempo se ha convivido con
empresas no registradas, a las que se ha tratado de combatir
con la actividad gremial, insistiendo ante el Estado en todos
los perjuicios que ocasiona, e intentando generar un marco regulatorio
más eficiente para controlar el sector. Pero, aunque
no se había logrado solucionar el problema, sí
había sido posible la convivencia con él durante
varios años. Sin embargo, al ingresar Uruguay en la recesión
económica en 1999, el mercado se deprimió de manera
brutal, y "desde entonces nuestra infraestructura se está
comiendo la ganancia, porque no aumentar el precio es la única
manera de que nuestro producto siga siendo competitivo",
dice Ferrara. "Por ello, el sector está en un momento
muy complicado; es verdad que el mercado es grande, pero está
demasiado deprimido", agrega.
SEGURIDAD
ELECTRONICA
En el caso
de las empresas que proveen sistemas electrónicos de
seguridad, "en los últimos tiempos se ha notado
una tendencia en la gente a buscar protección a través
de la tecnología que brindan los servicios de alarma
y monitoreo por su probada eficacia; estos han demostrado ser
una herramienta para combatir la delincuencia y brindar tranquilidad
y calidad de vida a los ciudadanos", asegura Roberto Stolovas,
presidente de la Cámara de Instaladores Profesionales
de Sistemas Electrónicos de Seguridad (Cipses), entidad
creada en 1996 y que actualmente integran las doce empresas
de seguridad electrónica de mayor jerarquía, que
atienden más del 85% del mercado, abarcando hogares,
comercios, bancos e instituciones públicas y privadas.
Las actividades
informales en la seguridad electrónica son llevadas a
cabo por personas o empresas de rubros ajenos (electricistas,
instaladores de portones, técnicos de telefonía,
etc.), que instalan alarmas sin estar autorizados para ello.
Compitiendo deslealmente con costos y calidad inferiores, estas
empresas no brindan garantías por el servicio, y algunos
usuarios pueden empezar a perder la credibilidad en la seguridad
electrónica.
"Una
empresa informal no asegura la continuidad de sus servicios,
ya que puede desaparecer de forma imprevista por causa de sanciones.
Asimismo, no ofrece al usuario garantías de calidad,
ya que su personal en general carece de idoneidad e incluso
puede tener antecedentes penales", sostiene Stolovas. "No
obstante, creo que una persona responsable siempre se asegura
del respaldo de la compañía a la cual le confía
su seguridad y la de su familia".
POLIZAS
En países
como Argentina, la legislación exige al usuario que verifique
la existencia de una habilitación al momento de contratar
un servicio privado de seguridad. A tal punto llega la exigencia
que en caso de que la firma informal reciba una multa, la arrendataria
también es sancionada. En nuestro país, por otra
parte, salvo en el área financiera que se rige por reglamentaciones
que emergen del Banco Central, además de las del Ministerio
del Interior, no existe nada similar.
En Uruguay
"el tema se vuelve coercitivo en la acción de los
seguros contra robos, porque las pólizas suelen incluir
cláusulas —dependiendo del nivel de riesgo de que
se trate— que obligan a contratar ciertos resguardos de
seguridad privada, exigiendo que la misma sea ejercida por firmas
autorizadas, con todo su personal habilitado", explica
la presidenta de Cues. "Cuando se produce un siniestro,
si no se han cumplido las condiciones en que se extendió
la póliza al cliente, como por ejemplo, haberse arrendado
un servicio no registrado, entonces el seguro no le paga al
damnificado".
REGISTRO
Para poder
funcionar, una empresa debe figurar y estar autorizada por el
Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse), órgano
del Ministerio del Interior creado por la Ley de Presupuesto
de 1990, cuyas funciones anteriormente eran llevadas a cabo
por el Departamento de Seguridad Civil y Policial. Desde allí
es muy diferente la perspectiva sobre la magnitud del fenómeno
de la informalidad, que "solía ser un problema muy
grave, pero ya hoy no lo es tanto", sostiene el comisario
inspector Carlos Campos Silva, director del Renaemse.
"Actualmente,
las empresas registradas nos pasan la información en
caso de que tengan conocimiento de la existencia de irregularidades.
Además, como hay una tarea de coordinación entre
la seguridad pública y privada, todos los comisarios
saben cuáles son los servicios privados de seguridad
habilitados dentro de sus jurisdicciones, y en caso de aparecer
alguno no registrado, nos lo hacen saber inmediatamente",
explica.
El Registro,
que cuenta con veinticuatro funcionarios, realiza inspecciones
aleatorias de las condiciones de las instalaciones, la calidad
de los servicios, la habilitación del personal y la cantidad
de armamento denunciado. En caso de encontrarse una empresa
informal, se la intima al cese de actividades y se le aplica
una sanción de carácter pecuniario, "aunque
generalmente las empresas lo que hacen es regularizar su situación;
es muy excepcional que vayan a dejar de trabajar", aclara
Campos Silva.
La
seguridad privada en cifras
Existen
en nuestro país 186 empresas de seguridad privada, de
las cuales:
- 95 son
de seguridad y vigilancia según datos de la Cámara
Uruguaya de Empresas de Seguridad. Las diez empresas de mayor
tamaño brindan en promedio unas 100.000 horas de servicios
de seguridad hombre por mes cada una.
- 84 están
dedicadas a seguridad electrónica (alarmas).
- 7 trabajan en el área de transporte de valores.
Se ha registrado:
- 7% de crecimiento anual, lo que ubica a Uruguay un poco por
debajo de la media mundial de 10%.
- 8.516 guardias privados autorizados, perciben en promedio
sueldos no superiores a los tres salarios mínimos.
De ellos:
- 3.510 están armados.
- 4.890 trabajan sin armas.
- 116 están empleados en centros nocturnos (discotecas).
Fuente:
Renaemse y Cues. |
